Los concejales y funcionarios comunales platenses que discuten el proyecto de reforma fiscal acordaron ayer que serán publicados en el Veraz los nombres de los contribuyentes que adeuden más de $8.000 en concepto de Tasa Sum o de Seguridad e Higiene
Días pasados, la Municipalidad de La Plata dio una conocer la intención: publicar en el Veraz a los contribuyentes que adeuden $8.000 o más en impuestos municipales. Para concretar la iniciativa, la Municipalidad de La Plata cerraría un acuerdo con Veraz.
El acuerdo es idéntico al que ya está utilizando la Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires (ARBA),en municipios como el de Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas y Berazategui, y está siendo analizada también por muchos otros, e incluso por algunas provincias.
Sin embargo, según informó el titular de la Agencia de Recaudación platense, Alejandro Barberis, la medida no alcanzará “a los poseedores de una vivienda única y multifamiliar”, que quedarán exceptuados.
Y los que suscriban convenios de pago con el Municipio podrán salir de los registros de ese sistema y quedarán habilitados para realizar trámites comunales como renovación del registro de conducir.
El registro en el Veraz de los contribuyentes que adeuden $8.000 o más, les impedirá gestionar cualquier tipo de crédito o cualquier otra operación financiera, como obtener una tarjeta de crédito.
También pueden tener dificultades en el desarrollo del comercio exterior, dado que con su ingreso al Veraz “se restringe la obtención de permisos de importación y/o exportación.
En tanto, habría acuerdo para que las farmacias,las inmobiliarias y televisión por cable, que están exentas del pago de la tasa por Seguridad e Higiene, empiecen a pagar la tasa por Seguridad e Higiene. Asimismo, se acordó que los contribuyentes que paguen completa la Tasa Sum en forma anual recibirán un descuento del 10% mientras que los que paguen regularmente en forma bimestral tendrán una quita del 5%.
La idea de amedrentar a los deudores mediante la exposición en registros de empresas que “miden el riesgo” crediticio por parte del estado, es cuanto menos polémica. Aplicar medidas coercitivas con afán recaudatorio no deberían ser las características que perfiles un modelo fiscal.
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