La Cámara alta reservó para el próximo mes el tratamiento del articulado de la iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados pero que no logró convertirse ayer en ley por acuerdo de todos los bloques.
Pese a que la norma recibió el apoyo de toda la Cámara, no podrá ser Ley en lo inmediato ya que los senadores piensan introducirle modificaciones y devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.
El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo incluye la ampliación de varios derechos, como los de vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido, que se duplicará respecto de los niveles actuales.
Además, obligará a los empleadores a contratar un seguro de accidentes.
La iniciativa también modifica la ley de contrato de trabajo y establece nuevas condiciones laborales tanto para las empleadas domésticas como para aquellas personas que se dedican al cuidado de personas.
El proyecto también limita la jornada laboral a 8 horas diarias, incorpora la licencia por maternidad y amplía el período de vacaciones. La norma fue votada por unanimidad, pero su debate en particular, una vez que pase el tratamiento en comisión, quedará para el miércoles 1 de junio, según acordaron todos los bloques parlamentarios.
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, el radical santacruceño Alfredo Martínez, pidió votar el proyecto en general para, a partir de la semana próxima, debatirlo en particular en un plenario al que serán invitados algunos legisladores que lo impulsaron originalmente en Diputados.
En referencia a la iniciativa, Martínez dijo que se está intentando modificar un Decreto-Ley de 1956, promovido por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, que “es el mismo que hoy rige la relación laboral de las personas que trabajan en el hogar”.
Para Martínez, no solo se avanza en “reivindicaciones sociales, sino también en una cuestión cultural”.
El presidente de la Comisión de Trabajo también mencionó que algunas de las modificaciones que se intentarán introducir en la discusión en particular de la norma pertenecían al proyecto originalmente impulsado por el Poder Ejecutivo.
“Debería volverse a colocar en el proyecto que a los menores de entre 16 y 18 años se le exija la terminación de los estudios”, dijo el senador y agregó que también se buscará equiparar las licencias por maternidad y paternidad.
También mencionó la posibilidad de que los jornales se paguen mediante otros mecanismos que no sean cheques, a la vez que propuso que aquellos empleadores que no estén inscriptos en Ganancias puedan hacer algún tipo de deducción.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que es “responsabilidad” del Senado “avanzar en una legislación protectora de este tipo de trabajo”.
“Tenemos que hacer un aporte para sancionar una ley que sea cumplible y que perfeccione, blanquee y legalice la relación laboral, pero que no sea un límite al ingreso de personal”, afirmó Pichetto.
El rionegrino, además, dijo que “los fines loables en la Argentina hacen posible sancionar leyes interesantes que en la práctica se convierten en cuestiones de deseo”.
Además, afirmó que la intención del Senado será volver “a la esencia del proyecto que envió el Poder Ejecutivo”.
A su turno, el jefe del bloque radical, el jujeño Gerardo Morales, mencionó que la iniciativa va detrás de la “reparación social y laboral que nos debemos”, al tiempo que pidió invitar a la reunión de comisión del próximo martes a funcionarios del Poder Ejecutivo y a representantes de la Comisión de Trabajo de Diputados que modificaron el proyecto originado por el gobierno nacional.
Telam

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